Eddie A. Ramírez S.
Con los “míos, sin razón o con ella”, pareciera ser el criterio de algunos para apoyar a PDVSA. Algo inaudito, ya que lo que debemos defender son los intereses del país. Desde febrero del 2002 los trabajadores petroleros visualizamos que el proyecto destructor del teniente coronel lenguatón requería tomar por asalto a PDVSA. El primer paso en este sentido fue designar una junta directiva de once miembros, integrada mayoritariamente por afectos al oficialismo. De los seis directores internos, cinco eran profesionales de cierta trayectoria en la empresa, pero sin ningún mérito para ocupar ese cargo, salvo el ser simpatizantes del chavismo. Por esa falta de méritos, no dudaron en apoyar todas las peticiones del Ejecutivo y son culpables de parte del descalabro de la empresa, ya que aunque fueron sustituidos a raíz del 11 de abril, continuaron desempeñando cargos de responsabilidad.
Después de su renuncia y posterior regreso de la Orchila, el teniente coronel pidió perdón a los petroleros y al resto del país. Todo el mundo opositor aplaudió y se sorprendió de la firme actuación de los petroleros. Sin embargo, Chávez tenía claro que para que su proyecto fuese viable era imprescindible ponerle la mano a PDVSA. Las presiones internas y externas, así como la toma de conciencia sobre los riesgos que corría el futuro del país nos indujeron a sumarnos al paro cívico del 2 de diciembre. Como consecuencia fuimos despedidos ilegalmente casi 23.000 trabajadores. Sin entrar a analizar los más y los menos del paro, no hay duda de que de no habernos sumado, la sociedad civil nos achacaría la culpa por los resultados, pero lo más grave es que seríamos cómplices de lo que ocurre en la empresa que hoy está al servicio del Totalitarismo Siglo XXI.
Desde el 2003 advertimos lo que está sucediendo con el descenso de la producción, con las violaciones a las normas y procedimientos de seguridad y ambiente, con los malos negocios y con la corrupción. Algunos pensaron que estas denuncias eran inventos de Gente del Petróleo y de Unapetrol. Hoy es imposible que alguien medianamente informado y que no sea fanático rojo, no perciba el deterioro de la que fue una empresa del primer mundo, alabada por gente del exterior y a veces vilipendiada injustamente por algunos venezolanos que inventaron muchos mitos negativos sin ninguna base. Por si fuera poco, recientemente PDVSA ha sido sometida a sanciones en el marco de las restricciones al comercio aprobadas por las Naciones Unidas en contra del régimen iraní que pone en peligro la paz mundial. Defender la actuación de esta empresa no es defender los intereses de los venezolanos. ¡Mérito sí, política no! tiene más vigencia que nunca. Desde luego nos referimos a la injerencia de la política partidista dentro de las empresas e instituciones del Estado.
Como en botica: Inaudita la agresión de los bandoleros rojos a la viuda de Franklin Brito y al distinguido abogado Alberto Arteaga. Los agresores fueron familiares de guerrilleros de los años 60,que tienen derecho a reclamar por las violaciones a los derechos humanos de sus deudos, aunque algunos fueron responsables por los asesinatos de policías y de oficiales de nuestra Fuerza Armada, pero atacar a la viuda de Brito, un hombre pacífico, y a un abogado honorables es imperdonable. Carruyo es responsable de las pérdidas del Fondo de Pensiones de los trabajadores de PDVSA, pero igualmente lo son Rafael Ramírez y el resto de los directores que aprobaron las inversiones del pillo Illaramendi. ¡No más prisioneros políticos, ni exiliados!
Con los “míos, sin razón o con ella”, pareciera ser el criterio de algunos para apoyar a PDVSA. Algo inaudito, ya que lo que debemos defender son los intereses del país. Desde febrero del 2002 los trabajadores petroleros visualizamos que el proyecto destructor del teniente coronel lenguatón requería tomar por asalto a PDVSA. El primer paso en este sentido fue designar una junta directiva de once miembros, integrada mayoritariamente por afectos al oficialismo. De los seis directores internos, cinco eran profesionales de cierta trayectoria en la empresa, pero sin ningún mérito para ocupar ese cargo, salvo el ser simpatizantes del chavismo. Por esa falta de méritos, no dudaron en apoyar todas las peticiones del Ejecutivo y son culpables de parte del descalabro de la empresa, ya que aunque fueron sustituidos a raíz del 11 de abril, continuaron desempeñando cargos de responsabilidad.
Después de su renuncia y posterior regreso de la Orchila, el teniente coronel pidió perdón a los petroleros y al resto del país. Todo el mundo opositor aplaudió y se sorprendió de la firme actuación de los petroleros. Sin embargo, Chávez tenía claro que para que su proyecto fuese viable era imprescindible ponerle la mano a PDVSA. Las presiones internas y externas, así como la toma de conciencia sobre los riesgos que corría el futuro del país nos indujeron a sumarnos al paro cívico del 2 de diciembre. Como consecuencia fuimos despedidos ilegalmente casi 23.000 trabajadores. Sin entrar a analizar los más y los menos del paro, no hay duda de que de no habernos sumado, la sociedad civil nos achacaría la culpa por los resultados, pero lo más grave es que seríamos cómplices de lo que ocurre en la empresa que hoy está al servicio del Totalitarismo Siglo XXI.
Desde el 2003 advertimos lo que está sucediendo con el descenso de la producción, con las violaciones a las normas y procedimientos de seguridad y ambiente, con los malos negocios y con la corrupción. Algunos pensaron que estas denuncias eran inventos de Gente del Petróleo y de Unapetrol. Hoy es imposible que alguien medianamente informado y que no sea fanático rojo, no perciba el deterioro de la que fue una empresa del primer mundo, alabada por gente del exterior y a veces vilipendiada injustamente por algunos venezolanos que inventaron muchos mitos negativos sin ninguna base. Por si fuera poco, recientemente PDVSA ha sido sometida a sanciones en el marco de las restricciones al comercio aprobadas por las Naciones Unidas en contra del régimen iraní que pone en peligro la paz mundial. Defender la actuación de esta empresa no es defender los intereses de los venezolanos. ¡Mérito sí, política no! tiene más vigencia que nunca. Desde luego nos referimos a la injerencia de la política partidista dentro de las empresas e instituciones del Estado.
Como en botica: Inaudita la agresión de los bandoleros rojos a la viuda de Franklin Brito y al distinguido abogado Alberto Arteaga. Los agresores fueron familiares de guerrilleros de los años 60,que tienen derecho a reclamar por las violaciones a los derechos humanos de sus deudos, aunque algunos fueron responsables por los asesinatos de policías y de oficiales de nuestra Fuerza Armada, pero atacar a la viuda de Brito, un hombre pacífico, y a un abogado honorables es imperdonable. Carruyo es responsable de las pérdidas del Fondo de Pensiones de los trabajadores de PDVSA, pero igualmente lo son Rafael Ramírez y el resto de los directores que aprobaron las inversiones del pillo Illaramendi. ¡No más prisioneros políticos, ni exiliados!
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