A diez años del paro cívico, quienes integramos la Asociación Civil Gente del Petróleo reiteramos nuestro compromiso de contribuir a construir un mejor país en el que prevalezcan los principios y valores de la democracia.
En el 2002 rechazamos las violaciones a los derechos humanos, la injerencia en la educación de nuestros hijos y el atropello a la meritocracia en Pdvsa. Hoy la situación es mucho más grave, como consecuencia de los avances del totalitarismo siglo XXI que desacata numerosos artículos de nuestra Constitución, como se evidencia por la presencia de presos políticos, exiliados, violaciones al debido proceso, sometimiento de todos los poderes públicos al Ejecutivo, confiscaciones de la propiedad privada, la dantesca situación en las cárceles y el intento de imponer un estado comunal.
Desde el Paro Cívico de diciembre del 2002 se ha incrementado la pobreza y la inseguridad, el parque industrial ha sido diezmado, dependemos más de los ingresos petroleros y el Estado adquirió una gran deuda interna y externa pese a los elevados precios del crudo. Las empresas del Estado están quebradas o en una situación económica muy precaria y, en el caso específico de Pdvsa, es evidente el grado de desmantelamiento y destrucción por haberla convertido en brazo político y caja chica del régimen.
Esto es particularmente grave, ya que esta empresa genera el 94% de las divisas que requiere el país. Cabe mencionar que solo en setiembre de este año, Pdvsa importó de los Estados Unidos 5.882.000 barriles de productos refinados, de los cuales 2.050.000 fueron de gasolina terminada y los restantes de componentes de la misma, diesel y lubricantes.
En el 2011, según el Informe de Pdvsa, la empresa tuvo que desembolsar 39.783 millones de dólares para comprar petróleo y productos refinados. Ese mismo Informe señala que a diciembre de ese año, Pdvsa contaba con 115.422 trabajadores, un 65 % más que antes del paro cívico, de los cuales 17.000 están en actividades no petroleras y la gerencia de recursos humanos reconoce que no dispone de información del nivel de instrucción de 28.570 de sus trabajadores, es decir del 25% de su nómina. Las cuentas por cobrar estaban en 38.759 millones de dólares y actualmente la deuda financiera está sobre los 43.000 millones de dólares. A esto hay que añadir el elevado número de accidentes, con un saldo lamentable de 120 venezolanos fallecidos desde el 2003 a la fecha, así como las cuantiosas pérdidas materiales. Además, desde setiembre del 2009 a la fecha, gandolas de Pdvsa han estado involucradas en numerosos accidentes con saldo de 117 ciudadanos fallecidos y cientos lesionados.
A lo anterior hay que sumar los numerosos casos de corrupción, entre ellos Pdval, Fondo de Pensiones, maletín con dólares para la Argentina y sobreprecio de la plataforma Aban Pearl que se hundió.
Para intentar ocultar esta situación, hoy Pdvsa está arremetiendo en contra de 180 ex trabajadores a los que pretende imponer multas y cobro por reparos derivados de las importaciones de gasolina que realizó la empresa durante el paro y el petróleo que dejó de exportar, así como por unos supuestos daños a instalaciones. Reiteramos que los únicos culpables de la crisis del 2002 fueron el teniente coronel Hugo Chávez y el entonces presidente de Pdvsa Alí Rodríguez. Las instalaciones fueron entregadas en perfecto estado, lo cual permitió a la nueva directiva reactivar rápidamente las operaciones.
Todos los incidentes señalados como sabotaje ocurrieron cuando la nueva gerencia tenía el control y fueron consecuencia de falta de pericia. Rechazamos estas imputaciones y solicitamos a la Contraloría General de la República inicie una averiguación al respecto, ya que el Auditor Fiscal que las lleva a cabo, señor Ramón Torres fue designado ilegalmente, y que el delegado que aplica las sanciones, señor Paúl Alvarado Rodríguez, tampoco está facultado y, además, no tiene la competencia requerida. Hacemos notar que entre los sancionados se encuentran médicos, abogados, periodistas, trabajadores que estaban de vacaciones, de reposo médico o de permiso por maternidad y algunos de ellos disfrutan actualmente de la jubilación otorgada por la empresa. Por otra parte, los ex trabajadores petroleros aún tenemos pendiente el reconocimiento de nuestros pasivos laborales.
Con respecto a las conversaciones sobre una amnistía, nuestra Asociación apoya las gestiones que se realizan e insta al gobierno a poner en libertad a los presos políticos y a permitir el regreso de los exiliados.
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