"Pdvsa se lava las manos sobre manejo de pensiones"
09:52 AM - 14 / Mayo / 2011
El director de Finanzas de Pdvsa, Eudomario Carruyo, libró de responsabilidades a la estatal petrolera por la estafa perpetrada por Francisco Illaramendi a través de la compañía MKG contra más de 23.000 jubilados y 84.000 trabajadores activos registrados en el Fondo de Pensiones y Jubilaciones de la empresa.
En un informe dirigido a la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, Carruyo niega que Pdvsa tuviera relación directa con Illaramendi dueño de la empresa administradora del FPJ y niega también haber incidido en la toma de decisiones para la inversión de los recursos.
Respecto a Illaramendi, Carruyo sostiene: "Según los registros de Recursos Humanos tanto de Pdvsa como de los Fondos, el mencionado ciudadano nunca ha tenido la condición de trabajador interno; la vinculación profesional que tuvo en 2004 con actividades vinculadas a Pdvsa, fue como outsourcing a través de una empresa extranjera".
En relación con la toma de decisiones, apuntó que luego de revisar los archivos desde 2006 hasta 2011 "se constató que no existe decisión alguna de la Junta Directiva de Petróleos de Venezuela, S.A. donde se haya considerado o se haya tomado decisión alguna relativa a la inversión de los recursos".
Ambas afirmaciones contrastan con el artículo 13 del reglamento de la entidad, que establece que las decisiones respecto a administración de fondos especiales, traspasos de cartera de inversiones y designación de los miembros de la Junta Administradora deberán contar con la autorización previa y por escrito del directorio de Pdvsa".
Sin escrúpulos. El informe de 50 páginas fechado en Caracas el 10 de mayo, es la respuesta de la petrolera venezolana a la petición consignada ante la Comisión de Contraloría por los diputados de Podemos Ismael García, Hermes García y Jesús Paraqueima para abrir una averiguación sobre el manejo del Fondo de Pensiones.
Eudomario Carruyo descalifica la denuncia al considerarla malintencionada y basada en "medias verdades con refritos periodísticos". Resalta que Pdvsa está del lado de los agraviados y que la institución está solvente en cuanto a su capacidad operativa y financiera.
El directivo explica que el carácter capitalista con que fue creado el Fondo de Pensiones lo expone a "los vaivenes y vicisitudes propios de los mercados en los sistemas capitalistas, incluyendo la presencia de elementos inescrupulosos como es el caso del señor Francisco Illaramendi".
Al cierre de 2010 según Carruyo el monto total de recursos manejados por el ente era de 2,7 millardos de dólares: 453 millones de dólares (17%) estaban en manos de MKG y 128 millones de dólares (5%) "están siendo manejados por empresas administradoras de fondos", para un total de 581 millones de dólares (22%) malversados por Illaramendi, quien se declaró culpable de la estafa a comienzos de marzo. 78% restante está invertido en Venezuela, la mayor parte en papeles del Estado y de Pdvsa. La irregularidad afectó a 23.888 jubilados y a 84.352 trabajadores activos.
El director de finanzas solicita a la Comisión que "declaré terminada por infundada (sic) las investigaciones". Para el integrante de la subcomisión especial designada para el caso, Rodolfo Rodríguez (AD), la solicitud es improcedente: "No podemos cerrar una investigación cuando hay un dinero perdido. Hay que determinar las responsabilidades".
Además de Rodríguez, el equipo parlamentario está integrado por Andrés Velásquez (Causa R) y los peseuvistas Jhonny Bracho, Erick Mago y Nelson Rodríguez.
En un informe dirigido a la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, Carruyo niega que Pdvsa tuviera relación directa con Illaramendi dueño de la empresa administradora del FPJ y niega también haber incidido en la toma de decisiones para la inversión de los recursos.
Respecto a Illaramendi, Carruyo sostiene: "Según los registros de Recursos Humanos tanto de Pdvsa como de los Fondos, el mencionado ciudadano nunca ha tenido la condición de trabajador interno; la vinculación profesional que tuvo en 2004 con actividades vinculadas a Pdvsa, fue como outsourcing a través de una empresa extranjera".
En relación con la toma de decisiones, apuntó que luego de revisar los archivos desde 2006 hasta 2011 "se constató que no existe decisión alguna de la Junta Directiva de Petróleos de Venezuela, S.A. donde se haya considerado o se haya tomado decisión alguna relativa a la inversión de los recursos".
Ambas afirmaciones contrastan con el artículo 13 del reglamento de la entidad, que establece que las decisiones respecto a administración de fondos especiales, traspasos de cartera de inversiones y designación de los miembros de la Junta Administradora deberán contar con la autorización previa y por escrito del directorio de Pdvsa".
Sin escrúpulos. El informe de 50 páginas fechado en Caracas el 10 de mayo, es la respuesta de la petrolera venezolana a la petición consignada ante la Comisión de Contraloría por los diputados de Podemos Ismael García, Hermes García y Jesús Paraqueima para abrir una averiguación sobre el manejo del Fondo de Pensiones.
Eudomario Carruyo descalifica la denuncia al considerarla malintencionada y basada en "medias verdades con refritos periodísticos". Resalta que Pdvsa está del lado de los agraviados y que la institución está solvente en cuanto a su capacidad operativa y financiera.
El directivo explica que el carácter capitalista con que fue creado el Fondo de Pensiones lo expone a "los vaivenes y vicisitudes propios de los mercados en los sistemas capitalistas, incluyendo la presencia de elementos inescrupulosos como es el caso del señor Francisco Illaramendi".
Al cierre de 2010 según Carruyo el monto total de recursos manejados por el ente era de 2,7 millardos de dólares: 453 millones de dólares (17%) estaban en manos de MKG y 128 millones de dólares (5%) "están siendo manejados por empresas administradoras de fondos", para un total de 581 millones de dólares (22%) malversados por Illaramendi, quien se declaró culpable de la estafa a comienzos de marzo. 78% restante está invertido en Venezuela, la mayor parte en papeles del Estado y de Pdvsa. La irregularidad afectó a 23.888 jubilados y a 84.352 trabajadores activos.
El director de finanzas solicita a la Comisión que "declaré terminada por infundada (sic) las investigaciones". Para el integrante de la subcomisión especial designada para el caso, Rodolfo Rodríguez (AD), la solicitud es improcedente: "No podemos cerrar una investigación cuando hay un dinero perdido. Hay que determinar las responsabilidades".
Además de Rodríguez, el equipo parlamentario está integrado por Andrés Velásquez (Causa R) y los peseuvistas Jhonny Bracho, Erick Mago y Nelson Rodríguez.
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